Sobre la Ley Sinde.

Desde un primer momento el debate en torno a la “Ley Sinde” fue algo más que un mero enfrentamiento jurídico entre los representantes de la industria del entretenimiento y unos vulgares piratas cibernéticos sin escrúpulos, pues también, desde el principio de la polémica, supuso un verdadero debate político sobre los límites de nuestros derechos y libertades fundamentales como ciudadanos y no una simple cuestión jurídica en torno a la propiedad intelectual.

Pero esto no es nuevo, ya desde 2001 (por entonces gobernaba el PP) se trató de controlar la red a través de lo que quedó en un anteproyecto de ley, conocido como LSSI. Y si algo ha conseguido movilizar unánimemente desde entonces han sido los múltiples ataques contra el libre acceso a Internet y al intercambio de contenidos (que no robo, porque no es lo mismo intercambiar y/o copiar que robar, por mucho que se empeñen en demostrarnos lo contrario). El manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet consiguió unir a todos los internautas españoles en un único objetivo: defender la libertad de expresión en la Red. Porque por mucho que se empeñen bajo la Ley Sinde se esconden los verdaderos motivos de su implantación: poder cerrar cualquier web bajo la mera sospecha de supuesta ilegalidad. Y entendamos aquí por “ilegalidad” no solo los sitios de intercambio, si no que los que están en verdadero peligro son los portales de “contracultura” y “antisistema” que operan en contra de cualquier imposición antidemocrática y que son una denuncia constante contra los abusos continuados de poder.

Detrás de todo este embrollo están no solo los políticos que convierten la voluntad popular en un mero brindis al sol, si no que los verdaderos impulsores son las multinacionales del entertainment. Y la cultura no necesita de las multinacionales de la intermediación para venderse en Internet, lo que verdaderamente necesita es un mecanismo ágil, que permita controlar la difusión de su obra y su justa retribución. Ciudadanos y artistas necesitamos una democracia directa, en la política y en la creación.

Pero habrá que seguir luchando pues la batalla aún no ha terminado. Ayer, la Ley Sinde se cerró con un nuevo acuerdo, de cara a afrontar al trámite del Senado, entre los de siempre (aunque hagan política bajo siglas diferentes en el fondo no hay ninguna diferencia), es decir PP y PSOE más la inestimable y nunca bien pagada ayuda del nacionalismo catalán de derechas.

Como dijo el profesor Mosterín en un reciente artículo de opinión publicado en El País: “Lo que necesitamos es un debate abierto, racional, sereno y sin prejuicios. Internet está aquí para quedarse, afortunadamente, pues es la mejor esperanza que tenemos de un mundo sin censuras, controles ni fronteras, donde cada ser humano tenga acceso a toda la cultura sin límites ni restricciones y decida libremente en cada momento qué hacer y cómo hacerlo y en qué lengua hacerlo y por qué ideas interesarse y con quién hablar y comerciar y ligar”.