Mañana martes, 26 de Junio, visita Madrid Sheldon Adelson promotor del complejo conocido como “Eurovegas”, después de haber pasado el día de hoy, 25 de junio, en Barcelona. Esta visita tiene como finalidad continuar la presión que la empresa está ejerciendo a las administraciones con el fin de situar el macro complejo en la comunidad que le ofrezca mayores privilegios. Para septiembre se tiene previsto decidir en qué comunidad se instalará esta “aberración urbanística”.
Mientras tanto, se va abriendo camino entre la ciudadanía, con alto grado de incredulidad y confusión, la polémica acerca de dicho macro-proyecto obra del magnate Sheldon Adelson. Con todo el oscurantismo que hay alrededor la opinión pública está todavía lejos de captar la extrema nocividad que, para la justicia social y medioambiental, representa el proyecto de Eurovegas. Mientras tanto, el gobierno autonómico y los municipales de Alcorcón y Madrid, junto a poderosos grupos de presión mediáticos y empresariales, hacen gala de servilismo y demagogia. Servilismo hacia el que ellos creen maná inversor americano; demagogia hacia una ciudadanía traumatizada por el desempleo, enarbolando la promesa de miles y miles de puestos de trabajo.
Pero la realidad es que ni lo uno, ni lo otro. Pues lo que resulta indiscutible es que, si Eurovegas acaba recalando entre Madrid y Alcorcón, su construcción arrasará con una zona que hasta ahora, mal que bien, se había ido librando de atropellos urbanísticos. Esto ya sería una sobrada razón para que un gobierno democrático y responsable con el cuidado del entorno y los derechos ciudadanos vetase tajantemente el proyecto. Pero hay mucho más de tras de algo que se nos presenta como la solución a todas las penurias económicas y laborales de la región:
• La violación de los derechos laborales y sindicales derivados de la puesta en marcha de este proyecto, que anularía el Estatuto de los Trabajadores y las garantías que éste supone.
• La absoluta falta de equidad y el atentado contra el principio constitucional de justicia fiscal que plantea el proyecto, que generaría un “paraíso fiscal” y un régimen de tributación prácticamente nulo.
• La continuidad en la cesión de derechos sociales y económicos en favor del capital como fórmula neoliberal para salir de la “crisis”.
• La aportación de cifras de empleo inviables y la instrumentalización del “chantaje del empleo” para evitar resistencias y críticas de la sociedad civil a iniciativas empresariales que sólo benefician a una minoría.
• El avance en el deterioro ambiental en nombre del “progreso” y el “desarrollo”, los impactos medioambientales que supondría el proyecto en material de infraestructuras, sobreexplotación y cambio de uso de recursos, incremento de residuos, posible afección a espacios naturales protegidos o transformación insostenible del territorio.
• El riesgo de apertura a las mafias vinculadas con la trata de mujeres y niñas y a la perversa legitimación de la explotación sexual de las mujeres en nombre del ocio.
• Cualquier cambio en el marco legislativo vigente que sólo persiga garantizar beneficios económicos a los inversores, por encima de los intereses del conjunto de la ciudadanía.
• La posibilidad de instalar en territorio español una “zona franca” que favorezca el blanqueo de capitales, el fraude y el beneficio económico a toda costa.
• La connivencia público privada para la puesta en marcha de una iniciativa injusta, insostenible e ilegal que cambiaría radicalmente la fisonomía de la economía, la sociedad y el medioambiente del lugar de destino.
Porque la ciudad no debe ser sólo un ámbito de acumulación capitalista, pues al tiempo que decrece la actividad productiva, la apuesta por una oferta turística masiva se convierte en el único horizonte económico que vislumbran las autoridades, y así la ciudad se convierte progresivamente en un mero escaparate y parque temático. Paralelamente, las restricciones presupuestarias paralizan la realización de equipamientos, se degradan los servicios públicos, crecen las desigualdades sociales, se aniquila el medio ambiente. Y esta deriva neoliberal conlleva una gestión cada vez más restrictiva de la ocupación del espacio público, criminalizando disidencias y tratando como problemas de civismo manifestaciones de miseria social, como la pobreza o la prostitución.
Construir un “Megaparque del juego” en los alrededores de Madrid significa un claro y nuevo empujón regresivo, además de suponer un elemento de arrastre de la economía especulativa. Un proyecto que nada tiene que ver con lo que se entiende como ciudad justa y solidaria. El oscurantismo de las negociaciones en curso constituye en sí mismo un insulto a la ciudadanía, una rotunda negación de la democracia participativa. Las exigencias formuladas por “Las Vegas Sands” van en el sentido de obtener de las autoridades un auténtico territorio de excepcionalidad jurídica donde no rijan las normativas medioambientales, de derechos laborales, de contratación de mano de obra extranjera, fiscales, de salud pública o de urbanismo actualmente en vigor. Sin contar con las costosas infraestructuras, a cargo del erario público, destinadas a facilitar los accesos al complejo de casinos, hoteles, franquicias y campos de golf proyectados.
Por lo tanto se debería exigir el abandono de manera urgente de la negociación sobre Eurovegas y la posibilidad de conversaciones sobre proyectos similares a éste. Ser transparentes en cuanto a los contenidos y procedimientos de negociación y abrir cauces para la participación democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas y en la discusión sobre el modelo de desarrollo.
Promover un modelo productivo y de consumo que sea socialmente justo, económicamente equitativo y medioambientalmente sostenible que no replique ni profundice las desigualdades. No instrumentalizar el drama del desempleo para imponer iniciativas empresariales altamente impactantes y que sólo benefician a minorías privilegiadas.
Mucha más información en: http://eurovegasno.blogspot.com.es/
¡Eurovegas ni aquí, ni en ningún sitio!
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