Me pasan este interesante análisis sobre las últimas decisiones adoptadas por Fachardón en relación a su reforma "justa" de la justicia:
El tema de las tasas judiciales tiene su miga, y buena parte de ella no la están explicando en los medios. Voy a tratar de hacer algunas puntualizaciones con las que es posible que ayuden a entender algunas reacciones de todas las partes implicadas.
En primer lugar, el tema de las tasas como tal es secundario, no es más que una cortina de humo lanzada por Gallardón con dos objetivos, por una parte, emplearlo de globo sonda para medir su fuerza y la cohesión del sector de la Justicia, de cara a las reformas que sí le interesan y que son la segunda razón, en medio de este ruido, la reforma de la LEJC y de la Ley del Poder Judicial. Si ve que se le echa todo el mundo encima y la movilización es masiva, dejará correr el tema y esperará mejor ocasión, si ve que no hay una respuesta sólida, seguirá adelante, tanto con esto como con lo que de verdad está cociendo este impresentable.
La reacción de cabreo total de los jueces y secretarios judiciales está totalmente justificada, lo mismo que de los abogados, durante el proceso de redacción, se mantuvieron reuniones con los órganos de gobierno de la judicatura y las asociaciones profesionales, en dichas reuniones se les informó que las nuevas tasas serían, y cito textual: "algo testimonial, sobre unos 50 o 60 € de incremento", lo cual en principio a todos los colectivos les pareció algo asumible. Y luego se encuentran con las salvajadas de tasas de la 10/2012.
El cabronazo la publica el 20 de Noviembre, cuando juraron por activa y por pasiva que hasta 2013 no entraría en vigor, forzando a los despachos a meter por Decanato a todo correr cuanta demanda y querella tenían pendiente, los Juzgados entre el pasado día 15 y el 20 han sido un manicomio. Como se le ha echado encima todo quisqui, rebaja la tensión dejando en suspenso las tasas "por problemas de implantación técnica" (ni hay formularios, ni están en el sistema, ni los funcionarios tienen los procedimientos ni manera de implantarlas en el Minerva), en esto nunca se comenten estos errores, a menos que haya orden desde arriba de hacerlo así, de este modo, Gallardón se autofabrica un vacatio legis, que queda a su entera voluntad, mientras va viendo la reacción de la Justicia a esto. ¿Chapuza? no, perfectamente planificado.
Los objetivos de verdad, que se van cociendo poco a poco a puerta cerrada, son las reformas anteriormente mencionadas, de las posturas que se están planteando, las tasas judiciales son el menor de los problemas a los que se va a enfrentar el ciudadano. Entre otros, son los siguientes:
- Despojar al Juez Instructor de toda competencia, dejando en manos de Fiscalía todas las diligencias de los sumarios. ¿Qué significa?, pues que el sumario pasa de controlarlo un señor que, en teoría, es independiente, a uno que está regido por el principio de Obediencia Jerárquica, y cuyo jefe supremo es, ¡oh, sorpresa!, el Ministro de Justicia.
- Sustituir el Principio de Legalidad, que preside nuestro Derecho, por el de Oportunidad. La diferencia radica en que el primero, de manera sencilla, obliga a perseguir de oficio todo hecho que revista indicios de criminalidad, mientras que el segundo se basa en la economía de medios, osea, se persigue...si compensa, o si interesa. Como le gusta decir a cierto Fiscal Jefe: "hay que considerar las circunstancias particulares del caso..." que viene a decir que, dependiendo de quién sea el posible imputado y posteriormente procesado y condenado, se investiga, o se deja pasar, me debes un favor de los grandes, y ya te lo cobraré.
- Otro asunto que tienen entre manos es cambiar el sistema actual del Turno de Oficio, pasando a licitar por concurso público dicho servicio, esto supone de facto la ruina para miles de abogados, puesto que solamente los grandes despachos podrán reunir las condiciones para optar a semejantes concursos. El negocio es evidente, ganas el concurso y con él, 40.000 horas de servicios por Juzgado, contratas un call center en Panamá, para putear a los pringaos de los clientes, y luego subcontratas todo a los mismos abogados que llevaban antes el Turno, pero a precios malayos. Tú te forras, los que te dieron el concurso, también, y el Ministro, al terminar su periplo, de socio honorario de por vida.
- Finalmente, la guinda la quieren poner con los jueces de distrito, pero para ello primero tienen que colapsar totalmente la Justicia para poder justificarlo. Básicamente son jueces nombrados a dedo por vía política, es parecido al Cuarto Turno, pero a lo cutre salchichero, ya los Jueces del CT y los fiscales sustitutos suelen ser una panda de mantas paduanas, en el caso de los de distrito, imaginaros jueces y fiscales nombrados a dedo por el político de turno.
Todo esto es lo que tiene en mente el Gallardón, pero no por iniciativa propia, estas medidas cuentan con el entusiasta apoyo de la clase política, porque suponen el fin definitivo a sus problemas judiciales, y tener con lacorrea bien atada al único poder que les puede hacer frente.
A armarse de paciencia, que esto va a ser duro.
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Por si a alguien todavía no le ha quedado claro ahí va un resumen en 6 puntos de lo que supone para el ciudadano la reforma del Código Penal (aparte del atraco “legal” que supone la salvaje subida de tasas judiciales), entre otras cosas:
1. Que un antidisturbios te pegue una paliza de muerte no es delito.
Que alguien lo grabe y lo difunda sí que lo es.
2. Que un banco te desahucie no es delito. Ocupar una sucursal
bancaria para protestar por haberte desahuciado: Hasta seis meses de
prisión.
3. Cargarse la sanidad y la educación públicas no es delito.
Interrumpir el transporte público: Hasta dos años de prisión.
4. Que la policía abuse de su autoridad y emplee la violencia no es
delito. Resistirse a la autoridad: Hasta cuatro años de prisión.
5. Que los políticos agredan con sus reformas a miles de personas no
es delito. Que una persona agreda a un político: Hasta seis años de
prisión.
6. Incumplir el programa electoral y mentir no es delito. Convocar
manifestaciones para protestar por ello: Hasta un año de prisión.
¡DIFUNDE!
