Pedro Castro y la Vírgen.

 

“Pedro Castro, el alcalde en funciones de Getafe, junto al obispo de Getafe, Joaquín López de Andújar, cedió el pasado día 2 el bastón de mando a Nuestra Señora de los Ángeles, la patrona de la Diócesis de Getafe, que lo tendrá en su poder hasta el fin de las celebraciones. Este acto simbólico da inicio a los actos religiosos que preceden a las fiestas de la ciudad, y consisten en bajar a la Virgen desde la ermita del cerro de los Ángeles hasta la catedral de La Magdalena. En esta romería participan autoridades civiles y militares, es decir la plana mayor del ejército del aire así como representantes de los tres cuerpos de policía (benemérita, local y nacional)”

Así ha sido recogida la noticia por la mayoría de los periódicos locales o nacionales en su edición local pues un año más, el todavía alcalde en funciones, Pedro Castro, ha entregado, aunque de manera simbólica (faltaría más) el bastón de mando a la mismísima Vírgen, símbolo del poder municipal que cada cuatro años se recibe de los conciudadanos a través de las urnas.

Todo este folclore no me causaría estupor y vergüenza si el máximo representante municipal asistiera a este y a todo los actos religiosos en los que participa (que son muchos) a título personal sin representar, como alcalde, a todas y todos los ciudadanos de Getafe, que somos muchos y con diversidad de credos o con ninguno en particular, que también de estos últimos cada vez somos más y sin embargo se nos tiene cada vez menos en cuenta.

Una vez más este "primer espada socialista" no deja de caer, con este tipo de apariciones públicas en fiestas religiosas, continuamente en la contradicción al participar una y otra vez en lo que un día fue duramente criticado por el PSOE, especialmente durante la primera legislatura de Zapatero, como es la participación de cargos públicos en actos religiosos. En 2008, un informe para la Fundación Alternativas titulado Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas y elaborado por el hoy director general de Asuntos Religiosos, José María Contreras, y el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, Óscar Celador, planteaba la elaboración de una ley sobre neutralidad religiosa que regulase la participación de cargos públicos en ceremonias religiosas.

Aunque fue "aparcada" hasta nueva orden debido a fuertes discrepancias (sobre todo con alguno de los denominados "barones" que nunca han ocultado su fe religiosa) la Ley de Libertad Religiosa apuntaba, siguiendo dicho informe, que la presencia de alcaldes, concejales, presidentes de comunidades o delegados del Gobierno en actos religiosos, de la confesión que fueran, sólo podría darse "a título individual y de forma voluntaria", y en ningún caso como representación de la institución pública a la que servían. De igual modo, se planteaba, siguiendo el Reglamento Militar, que la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tampoco fuera obligada.

La tesis sobre la que se iba a fundamentar esta ley era que las procesiones, romerías y demás actos religiosos son públicos, pero no estatales, de modo que no se entendería la presencia de una corporación municipal en pleno, responsables de la Policía, la Guardia Civil, el Ejército u otros privilegios como el indulto de presos o los títulos de "alcalde perpetuo" que todavía hoy tienen algunas imágenes católicas. Una propuesta, me temo, que no se llevará a cabo esta legislatura y que, en la práctica, parece abonada al fracaso.

Tras este, a todas luces, fracaso de sacar adelante una ley que garantice a efectos prácticos la aconfesionalidad del estado y de todas sus instituciones insistiré, una vez más, en señalar al tan recurrido artículo 16-3 de nuestra Constitución que dice que “ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal” para reiterar la vulneración que se hace una y otra vez del mismo por parte de las instituciones públicas y de la mayoría de sus representantes políticos. Sobra decir también, que cada cual puede tener la creencia que quiera y que por lo tanto es libre de manifestarla de forma pública siempre y cuando no lo haga en el ejercicio de un cargo surgido de la soberanía popular, que la forman, no lo olvidemos, toda la ciudadanía (creyentes y no creyentes). Porque es aquí donde radica el problema, en decantarse por una religión en particular en perjuicio del resto y, sobre todo, de los que no se confiesan de ninguna. Si un cargo público de un estado aconfesional se manifiesta, apoya o actúa en favor de una religión en particular en representación de su cargo, estaría incurriendo en un claro agravio comparativo con el resto de confesiones que no tienen un igual trato, además de menospreciar al artículo de la Constitución anteriormente mencionado.

Pedro Castro tiene todo el derecho del mundo a ejercer su credo así como de participar en cualesquiera actos religiosos siempre y cuando lo haga como Pedro Castro, ciudadano de Getafe, no como alcalde y figura representativa y ejecutiva, lo vuelvo a repetir, de todos, creyentes y no creyentes. Porque, ¿qué les parecería a los católicos si en cualquier festividad de otra religión se hiciera el mismo acto simbólico? O ¿Qué opinión les merecería si el alcalde como tal participase en algún acto de índole atea? Creo que no sentaría nada bien, ¿verdad? Y no se puede alegar la tradición como único argumento en favor de un determinado acto religioso, ya que resulta una evidencia objetiva que las otras creencias no católicas han estado marginadas durante la mayor parte de la historia de este país, por lo que lógicamente no han podido asentar tradición alguna. No digamos del ateísmo y sus diversas manifestaciones. Aún así conviene también decir que por antigua que sea cualquier tradición no es suficiente argumento para mantenerla en el tiempo.

Así pues, para satisfacer a todos lo mejor es que nuestros cargos públicos se mantengan neutrales a la hora de favorecer a cualquier tipo de confesión o lo opuesto a ellas. La aconfesionalidad del estado no implica el desprecio de la religión, tan solo la separación clara entre ambos. Sin favoritismos de ningún tipo hacia unos u otros pero sí respetando a cada cual y haciendo que también sea respetado el espacio público, entendiendo éste como el escenario donde se desarrollan las acciones proyectadas por las distintas instituciones del estado y donde no puede tener cabida ninguna religión en concreto. Y con esto no quiero decir que los creyentes no puedan manifestar y/o celebrar cualquier acto religioso, la calle es de todos, también, por supuesto, de los creyentes.

El estado, por tanto, debe tener el deber inquebrantable de apoyar, fomentar, divulgar e invertir en la ciencia y la razón, únicas herramientas universales capaces de proporcionarnos un futuro de progreso, igualdad, libertad y democracia para todos. El resto queda para el enriquecimiento personal de cada cual, eso sí, con la seguridad de que el estado nos garantiza que este libre creer y pensar no sea menospreciado por nada ni por nadie.

Por cierto, no solo los miembros de gobiernos municipales, autonómicos y estatales acuden en calidad de cargo público a los actos religiosos, también no se dejan de ver a militares y policías enfundados en sus uniformes oficiales haciendo gala de su apoyo a este tipo de actos.

Saludos desde la Inopia, lugar cuyo único credo es no tener ninguno en concreto.